Es evidente que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales vive sus peores días. El biólogo Víctor Toledo, su anterior titular, prefirió retirarse del cargo, antes de seguir tolerando el incumplimiento oficial de las leyes ambientales. 

Se recuerda un audio suyo, que se hizo público, en el que se queja del régimen actual, señalando que “el gobierno no está del lado de la SEMARNAT” y que los asuntos ambientales “no están ni en la visión ni en la cabeza del presidente”. En esa ocasión también acusó a Alfonso Romo, el exjefe de la oficina de la presidencia, porque era “el operador principal para bloquear todo lo que es de línea ambiental”.

Y esta problemática que puede considerarse como grave, vuelve a ser noticia internacional, a raíz del cambio de trazo de la quinta etapa del Tren Maya, en su paso por el trayecto entre Cancún y Tulum, el cual posee una gran riqueza paisajística, selvática y de aguas subterráneas y cenotes, conocidos y visitados por los lugareños, por los turistas y por los ambientalistas de la zona.

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Al presidente López Obrador y a sus funcionarios del Tren, se les hizo fácil destruir y arrasar un largo tramo de selva, cuya fotografía voló en las redes sociales y en los medios de comunicación del mundo. Los sectores ambientalistas se volvieron a quejar del proyecto, y ante el silencio gubernamental, un grupo de actores y cantantes de México, salieron a los medios a señalar los destrozos que afectaron los recursos naturales de la zona.

Eso bastó para que AMLO los acusara de todo, a su estilo, insinuando que todos ellos habían sido pagados por sus adversarios para ese fin. El actor Eugenio Derbez se llevó la peor parte de la andanada, a la que se sumó inopinadamente José Ramón López Beltrán, el hijo mayor, que fue exhibido por sus corruptelas en Houston, hace poco.

Ante estos hechos, el titular de esa instancia federal prefirió actuar como el títere más lambiscón de su jefe, ignorando la esencia legal y humanista de esa institución otrora encargada de promover la legislación ambiental.

Y es que concluido el aeropuerto Felipe Ángeles, los esfuerzos obradoristas se canalizan a la terminación del Tren Maya. Pero esta obra ferroviaria que se realiza con costos crecientes y sin mucho apego a las reglamentaciones licitatorias y de la obra pública, y con el rechazo de los escépticos nacionales de siempre, ahora se está complicando por la inconformidad de los grupos ambientalistas de Quintana Roo.

El asunto está complicándose y en ningún momento la SEMARNAT ha tomado una posición que indique el cumplimiento de la manifestación de impacto ambiental y/o autorizaciones relacionadas para el desmonte de decenas de hectáreas que ya hicieron. 

Pero la dependencia tiene otros frentes abiertos que indican que opera con omisión e irresponsabilidad. En Veracruz se han señalado varios casos. Uno de ellos, es precisamente que la roca que se usa en el Tren Maya (la grava o balastro que se coloca en el suelo y que sirve como cama para los rieles del ferrocarril) es llevada por miles de toneladas en barco hasta la península. Se sabe que se extrae desde bancos de piedra en Actopan, Alto Lucero y Manlio Fabio Altamirano. Y en este momento hay inquietud en los municipios por conocer si esos bancos cuentan con las autorizaciones correspondientes.

Otro caso donde SEMARNAT hace mutis es el del proyecto minero de Caballo Blanco en Actopan y Alto Lucero, donde las organizaciones ambientalistas insisten en cancelar la concesión y harán una caminata multitudinaria en estos días hacia el área de exploración para reiterar su inconformidad.

Y el caso más reciente es el de la invasión de predios forestales en las faldas del Cofre de Perote, situados en el municipio de Coatepec, invasión ocurrida desde enero de 2019 y donde los tribunales son sumamente lentos para resolver el caso en favor de los propietarios. 

Será bueno recordarle al presidente de la república que durante el gobierno de Miguel Alemán en Veracruz, los ambientalistas organizados obligaron a cambiar el trazo del libramiento de Xalapa. Y allá en Cancún, Quintana Roo, los defensores de los recursos naturales lograron que se cancelara el proyecto comercial Dragon Mart, en el que había fuertes capitales chinos y mexicanos. Y ambos ejemplos, ocurrieron durante la época neoliberal que tanto desprecia el mandatario nacional.      

La población percibe que la ausencia o falta de criterio ambiental en las obras de López obrador, no es exclusiva del Tren Maya. Y la sociedad se pregunta por qué el aeropuerto de Texcoco sí se canceló, argumentando razones ambientales, tal como ocurrió hace pocos meses con una cervecería bajacaliforniana de la empresa Constellation Brands.   

El desarrollo que México necesita no puede estar al margen del Estado de Derecho y de la Constitución Política y sus leyes reglamentarias. No estamos en una dictadura, en el interregno o en un periodo de anomía (ausencia de normas). Los mexicanos no se arredran con relámpagos palaciegos que sólo asustan a ciegos y a débiles de espíritu.

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