La ciudad de París cuenta con el célebre Arco del Triunfo, un monumento cargado de simbolismos que ha sido copiado en varios lugares del mundo. Una histórica y bella obra de la arquitectura francesa situada en un extremo de los Campos Elíseos, que cuando se creó hace algunos siglos, llegó a representar la orgullosa importancia de una época de luces y avances en Europa. 

Pero la picosa expresión popular “arco del triunfo” también ha servido para dibujar acciones, formas de pensamiento o expresiones verbales de personajes autoritarios y de seres pedestres que cuando tienen poder pierden contacto con el sentido común y con cualquier tipo de regulación moral y legal.

Esta reflexión viene a cuento por la publicación de un decreto presidencial, que desde la semana anterior en México, tiene como oculto propósito el de incumplir con lo que disponen la Carta Magna y sus leyes reglamentarias en lo relativo al uso y administración de los recursos públicos y la obligada transparencia que las autoridades deben mostrar al pueblo que les eligió, en pocas palabras, una violación irrestricta al Principio de Legalidad que rige a la administración publica.

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Y lo peor es que lo que pretende ocultar al ojo público ese decreto, son las peculiaridades jurídicas, técnicas y presupuestales de las obras magnas del gobierno de López Obrador. Vamos a ver si ante la indudable inconformidad social por ese hecho, la Suprema Corte de Justicia de la Nación pone orden en el caso, o si el jefe del ejecutivo federal hace gala de poder omnímodo sobre el mismísimo Poder Judicial de la Federación, pasándose por el arco del triunfo a la Constitución Mexicana, la que expresamente dispone que ningún decreto está por encima de la Ley. 

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Por lo pronto, y por lo menos por un año -igual al año provisional de opacidad que AMLO ya dio en ese decreto a sus proyectos y a sus encargados, para elaborar y conseguir todas las autorizaciones legales- parece que en este país tendremos el mejor arco del triunfo, por encima del de París y otras ciudades del orbe. Con esta disposición la presidencia de la república ha dado un salvoconducto a determinadas obras “de interés nacional” para que no se conozcan en sus expedientes sus detalles relevantes y cuenten con total licencia de opacidad, que se guardará bajo 7 llaves en el clóset más oscuro y escondido de la sede del gobierno federal.

Y por qué se afirma lo anterior. Por una primera sencilla razón que ya se hizo costumbre. La sola palabra de AMLO, sin estudios técnicos o peritajes científicos o legales sobre el caso, bastó hace tres años para echar a la basura los miles de millones de pesos invertidos en el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en terrenos de Texcoco, obra que contaba con proyecto ejecutivo y licencias de toda índole, con años de trabajo constructivo y con un importante avance físico y financiero.

Por una segunda razón. Sin proyectos ejecutivos concluidos, ni licencias ambientales ni de ningún tipo, y hasta sin terrenos liberados, la palabra de López Obrador bastó para iniciar las construcciones faraónicas de su sexenio: el Tren Maya, la Refinería de Dos Bocas, el proyecto del Istmo de Tehuantepec y el Aeropuerto Felipe Ángeles, cuatro obras que han elevado considerablemente sus presupuestos originales, debido, precisamente, a la ausencia de proyectos ejecutivos completos y licitaciones transparentes.

Y también por una tercera razón: la sola palabra de López Obrador, plasmada en un simple decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, le resulta suficiente para dar conveniente opacidad a esas grandes obras públicas y que nadie moleste su ejecución y su cambiante costo, aunque hubiera derechos que reclamar, inversiones crecientes, o errores constructivos o falta de licencias que pudieran detener la construcción. 

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El de la semana anterior es un decreto que se hizo estirando las normas, y que el mandatario nacional quiere poner por arriba de las leyes y de lo que señala la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En palabras claras y llanas, esto significa que el presidente de la república se pasa por su personal Arco del Triunfo diversas disposiciones legales que los emprendimientos ciudadanos y las instituciones privadas sí cumplen.

Ante esta clase de situaciones, los mexicanos deberían recordar el significado de cuatro palabras: Estado de Derecho, mandante y mandatario, y no aceptar que el presidente López Obrador nos imponga como norma la letra de la canción del compositor mexicano José Alfredo Jiménez: “Mi palabra es la ley”.

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