Uno de los problemas inacabables en el estado de Veracruz es el de la creación de asentamientos humanos irregulares en la mayor parte del territorio. Basta con revisar las redes sociales en cualquiera de los 212 municipios, para constatar que con asombrosa frecuencia se ofrecen terrenos o lotes en inmejorable ubicación, a precios “bajos”, con un pequeño pago como enganche y con plazos a la medida y cómodas facilidades de pago mensual.
Y los hábiles negociantes de estos jugosos emprendimientos, lo llevan a cabo con admirable soltura y seguridad en el actuar, como si no existiera ninguna ley o reglamentación sobre el tema. Es como si bastara con ser el propietario del predio que se fracciona, o como si las autoridades no debieran otorgar una autorización o no tuvieran deberes y facultades de vigilancia y supervisión de lo que ocurre dentro de los límites del municipio en cuestión.
Así, es frecuente encontrar en redes sociales como Facebook, anuncios como: “Se venden hermosos terrenos con vista al mar” o “Adquiere un terreno con espectaculares paisajes de montaña” o “Vendo solares junto a la laguna o frente al río”.
Esta situación comenzó a detonarse escandalosamente en la última década, sobre todo en la franja costera, en predios colindantes con la zona federal o con manglares de belleza natural. Pero también los hay en áreas boscosas o incluso “cerca del bosque de niebla”.
Y sería muy sencillo relacionar todos esos fraccionamientos que parecen irregulares, y corroborar en las instancias legales, si esos entusiastas fraccionadores, cuentan con las autorizaciones de uso de suelo y traslado de dominio, y con los planos debidamente aprobados, o detallando en los planos autorizados, las áreas verdes o el proceso de tratamiento de las aguas residuales, aspectos que en esos anuncios publicitarios jamás se mencionan y que por desgracia ignora la gente.
Pero esta manera de fraccionar una propiedad, no es la única. Otra forma de saltarse la Ley es con la autoinvasión de terrenos y se da cuando el propietario cuenta con terrenos bajos inundables o con predios encima de los cerros con laderas inclinadas que dificultan la construcción de edificaciones, o con superficies arboladas o boscosas, que le impedirían gestionar una autorización para fraccionar.
En esos escenarios complicados, el propietario se colude con un dirigente de colonias para que este organice una invasión consentida, que con el paso del tiempo, obligue a las autoridades a aprobar la regularización de la tenencia de la tierra y el traslado de dominio para poder entregar escrituras a los posesionarios. Este esquema es el que obliga a la instancia federal, o la Dirección General del Patrimonio del Estado a escriturar después de algunos años, toda vez que con el paso del tiempo se les califica como colonias populares irregulares. Y es que estas colonias populares suelen recibir periódicamente a actores políticos de todos los partidos que buscan puestos de elección popular y que haciendo proselitismo “ayudan” a los colonos a obtener sus escrituras. Lamentablemente, no son pocas las ocasiones en que esas adquirentes de buena fe, deben pagar dos veces la tierra: la primera al líder invasor, y la segunda y definitiva, al propietario de la tierra.
La problemática que aquí se describe originó aquel Programa de Regularización de la Tenencia de la Tierra que impulsó el gobernador Agustín Acosta Lagunes en 1980, cuando su gestión entregó más de 200 mil escrituras, y que continuó con cifras similares, Dante Delgado durante su cuatrienio.
En estos momentos, es factible que mediante un censo de poseedores irregulares, se pudiera encontrar que en el estado existen alrededor de 1000 colonias y fraccionamientos irregulares, con unos 300 mil jefes de familia sin documentos legales de los terrenos que ocupan o poseen, sólo con papeles sin fuerza legal alguna y por lo tanto sin certeza jurídica de su patrimonio.
Y esta deficiencia conlleva a otra de carácter económico-financiero municipal. El habitante con terreno, que no tiene escritura pública, tampoco paga el impuesto predial y otros servicios municipales. Esta circunstancia, que se vuelve un círculo vicioso, impide a los alcaldes fortalecer el presupuesto municipal.
Ante esta deficiencia, sería formidable que los tres órdenes de gobierno echaran a andar un ambicioso programa de regularización, y al mismo tiempo hicieran la supervisión y vigilancia de sus territorios, para que ninguna familia se asiente en lugares donde puedan correr peligro por deslaves o por inundación. Y en temas de protección civil, siempre será mejor prevenir que lamentar.
Y se conseguirían dos beneficios: las familias obtendrían seguridad jurídica en su patrimonio, y por otro lado, los ayuntamientos captarían mayores ingresos por pago de impuesto predial y otros conceptos de índole municipal.
Pero la realidad es que los fraccionamientos irregulares crecen porque alguien los vende, alguien los tolera y alguien los aprovecha políticamente.
Así se construye el desorden territorial de Veracruz: lote por lote y omisión por omisión.
