La Fiscalía General de la República (FGR) informó sobre la detención de Héctor Taurino Landa Cabrera, exfuncionario del Servicio de Administración Tributaria (SAT), señalado por su probable responsabilidad en el delito de enriquecimiento ilícito.
La captura fue realizada por elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) en la colonia Felipe Carrillo Puerto, en Xalapa, en cumplimiento de una orden de aprehensión otorgada por un juez federal.
De acuerdo con las investigaciones, Landa Cabrera ocupó entre 2011 y 2018 el cargo de Administrador Central de Coordinación Estratégica de la Administración General de Grandes Contribuyentes del SAT.
Las indagatorias incluyeron análisis patrimoniales, verificación de inmuebles, trabajos de inteligencia y diversas técnicas de investigación desarrolladas por la AIC con apoyo del SAT. La carpeta de investigación señala la existencia de un posible incremento patrimonial que no habría sido acreditado conforme a sus ingresos.
Entre los elementos recabados por la autoridad se encuentra una residencia ubicada en la zona de Jardines del Pedregal, en la Ciudad de México, con un valor superior a los 15 millones de pesos. Según la investigación, el inmueble habría sido entregado por la empresa Arrendadora Franlutti como parte de un supuesto pago por servicios que presuntamente no fueron realizados.
La FGR indicó que dicha empresa formaría parte de una red de compañías factureras investigadas por las autoridades fiscales y ministeriales.
Con los datos obtenidos durante la investigación, el Ministerio Público Federal adscrito a la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción solicitó la orden de captura, misma que fue concedida por la autoridad judicial.
Tras ubicar al exservidor público en un domicilio de la capital veracruzana, agentes federales ejecutaron el operativo con apoyo de instancias del Gabinete de Seguridad.
La FGR informó que, al momento de su detención, a Héctor Taurino Landa Cabrera le fueron leídos sus derechos y posteriormente fue puesto a disposición de la autoridad correspondiente, que determinará su situación jurídica en los plazos establecidos por la ley.
