La imputación presentada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, profundizó la polarización entre el bloque oficialista y la oposición en la Cámara de Diputados.
Mientras Morena cerró filas en defensa del mandatario estatal, los partidos opositores consideraron que el caso confirma sus señalamientos sobre presuntas conexiones entre actores políticos y el crimen organizado.
El coordinador de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal, sostuvo que “mientras no se compruebe, todos tienen derecho a la presunción de inocencia” y subrayó que debe prevalecer el respeto a la Constitución y al debido proceso. En ese sentido, expresó respaldo al gobernador en tanto no exista una resolución judicial en su contra.
En la misma línea, el senador morenista Ignacio Mier manifestó apoyo a Rocha Moya y al legislador Enrique Inzunza, también mencionado en la acusación. Por su parte, Gerardo Fernández Noroña rechazó los señalamientos al afirmar que no se han presentado pruebas que sustenten las imputaciones.
De acuerdo con autoridades estadounidenses, los funcionarios señalados habrían facilitado operaciones del grupo criminal, proporcionando información estratégica y permitiendo el traslado de drogas hacia ese país a cambio de sobornos.
El gobernador de Sinaloa negó de forma tajante las acusaciones, calificándolas como infundadas y atribuyéndolas a un ataque político contra su persona y el proyecto de la llamada Cuarta Transformación.
En paralelo, la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que las solicitudes de extradición carecen de pruebas suficientes y anunció el envío de una nota diplomática a la Embajada de Estados Unidos, al considerar que la difusión del caso vulnera acuerdos bilaterales.
Oposición exige separación del cargo
Desde la oposición, legisladores y dirigentes calificaron el caso como grave y demandaron investigaciones exhaustivas, así como la separación inmediata de los funcionarios implicados.
El senador panista Ricardo Anaya afirmó que la acusación no es aislada y responde a un patrón que, dijo, debe ser esclarecido. Exigió que los señalados comparezcan ante el Senado.
La excandidata presidencial Xóchitl Gálvez sostuvo que los hechos confirman sus advertencias previas y pidió a la presidenta Claudia Sheinbaum que solicite la salida del gobernador para facilitar las investigaciones.
En tanto, el dirigente de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, planteó que Rocha Moya debe separarse del cargo, argumentando que ese criterio debe aplicarse de manera uniforme ante casos similares.
El Partido Revolucionario Institucional señaló que la acusación exhibe posibles vínculos criminales dentro del oficialismo y demandó acciones judiciales contra los involucrados.
El caso mantiene abierta una confrontación política que se traslada al ámbito legislativo, mientras las autoridades de ambos países continúan el proceso en curso.
