El ‘plan B’ de la reforma electoral finalmente fue decretado en el Diario Oficial de la Federación este jueves 2 de febrero, lo que algunos servidores públicos consideraron como un beneficio para los aspirantes de Morena a la Presidencia de la República en 2024, considerados ‘corcholatas’.
La nueva reforma contiene modificaciones que, según personas como Santiago Creel, presidente de la Cámara de Diputados, y otros especialistas, facilitarían el camino para que las llamadas ‘corcholatas’ se promocionen, además de restringir al Instituto nacional Electoral (INE) la posibilidad de emitir sanciones contra funcionarios y partidos políticos por propagandas anticipadas.
A lo largo del año pasado, Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México; Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores; Adán Augusto López, secretario de Gobernación y Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, fueron señalados de actos anticipados de campaña.
Sheinbaum fue una de las más criticadas debido a la aparición de espectaculares que presuntamente la señalaban como opción para la Presidencia en 2024. Ebrard fue sancionado por su aparición en mitines de Morena en los que, de acuerdo con el INE, hubo actos anticipados de campaña.
Sin embargo, con la aprobación del ‘plan B’ de la reforma electoral, es posible que este tipo de actos se incrementen en redes sociales e incluso en medios de comunicación, pero, ¿por qué?
¿Cómo beneficia el ‘plan B’ de la reforma electoral a las ‘corcholatas’ de Morena?
Propaganda gubernamental: El concepto de la misma se reduce, lo que implica que lo que se etiquete en el presupuesto bajo este concepto será lo único que se considere de esta forma. Esto permite que el gobierno destine fondos públicos a actos que, aunque puedan parecer de propaganda, no lo sean porque no están etiquetados de tal forma.
Se limita la capacidad del INE para sancionar a funcionarios que se expresen públicamente de un funcionario en campaña.
Los partidos políticos en caso de así decidirlo podrán utilizar los remanentes de sus recursos públicos y privados en subsecuentes ejercicios fiscales, así como también podrán utilizarlos para la elección federal o local siguiente.
(Podrán hacer “guardaditos”).
El INE y el Tribunal Electoral ya no tendrán la facultad imponer criterios para anular candidaturas, garantizando así la libre participación de las y los ciudadanos. Esto haría que, por ejemplo, casos como el de Félix Salgado Macedonio, quien aspiraba a la gubernatura de Guerrero y el INE le negó su participación, no ocurran.
Santiago Creel dijo a finales de enero que con el ‘plan B’ “se ha autorizado que los servidores públicos hagan campaña, que la campaña que realicen no se tomen en cuenta para ningún tipo de sanción. Todo esto hace que las campañas se adelanten y que no haya sanción alguna por el hecho de que los funcionarios hagan campaña y que reciban aportaciones y se traduzan en su promoción y propaganda política”.
