El fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de declarar inconstitucional la fracción de la Ley General para el Control del Tabaco (LGCT) que prohíbe la comercialización de cigarros electrónico y vapeadores, es una “decisión con graves consecuencias para la salud pública de México, no sólo de la generación actual, sino de las futuras, porque la mayoría de los ministros no consideraron que se trata de productos altamente atractivos a niñas, niños y adolescentes”, afirmó, Erick Antonio Ochoa, presidente de la organización Salud Justa Mx.

En entrevista con La Jornada, destacó que además de que “nunca se hizo público el proyecto de resolución, la argumentación presentada en la SCJN para declarar su inconstitucionalidad, es prácticamente la misma argumentación de la industria tabacalera”.

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Destacó que en el análisis de la SCJN se soslayó toda la evidencia científica sobre el riesgo a la salud que representan estos productos, e incluso, la información emitida por la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud (OMS/OPS), que “advierten claramente de que no es un producto inocuo, que causa daño a la salud, y que poner tener sabores de golosinas, puede incluso generar confusión en padres de familia que no adviertan el peligro de su consumo”.

Ochoa destacó que la determinación del Máximo Tribunal no tiene efectos sobre el decreto que prohíbe su importación y exportación de cigarros electrónicos, y quienes “busquen beneficiarse del fallo de la Suprema Corte deberán ampararse, para que puedan comercializar o distribuir estos productos”.

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