Los gobiernos veracruzanos de los últimos años no han ayudado a recuperar la aptitud productiva que llegó a mostrar esta entidad federativa en décadas pasadas, cuando el territorio estatal y su población constituían la quinta economía del país y el crecimiento se observaba en la mayoría de los sectores.
Y en mucho, esta circunstancia obedece a que gobernantes y funcionarios no han tenido experiencia, conocimiento o interés para fomentar y acrecentar la capacidad productiva y la generación de riqueza para mejorar los indicadores socioeconómicos. En contraparte, diversas entidades federativas con menores recursos naturales y menor población han elevado su participación en el producto interno bruto nacional.
La semana pasada, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social del gobierno federal dio a conocer información sobre el crecimiento del empleo en el país, mencionando a los estados que más fuentes de empleo formal (registrado en el IMSS) han logrado crear en el último año, destacando lo conseguido por Ciudad de México (95,179 empleos), Nuevo León (90,947), Jalisco (88,487) y EDOMEX (76,492 empleos).
Lo más grave de todo es que en el último año, Veracruz, en donde sólo se crearon 13,233 plazas laborales, y ocupó el lugar 17 como gestor de empleo, ha perdido su sitio privilegiado en sectores como agricultura, ganadería, pesca e industria eléctrica, captación y suministro de agua potable, en los que desaparecieron más de 4,000 empleos formales.
El problema de la baja productividad tiene diversos orígenes, pero nadie duda que la inestabilidad, la inseguridad pública, la impunidad y deficiencia en la administración de justicia, la corrupción institucional y la inacción oficial para promover inversiones, están demeritando la planta productiva, el desarrollo del turismo y hasta la producción agropecuaria que tantos frutos dejó en la segunda mitad del siglo pasado.
La incapacidad gubernamental se ha notado con gobiernos priistas, panistas y morenistas, en ese orden cronológico, no ignorando el robo monumental al erario, ocasionado por Javier Duarte de Ochoa entre los años 2010 y 2016, cuando muy poca obra de gobierno hubo. Después llegó Miguel Ángel Yunes Linares quien por dos años más utilizó su periodo bianual para perseguir sin éxito las corruptelas de Duarte, y dejar a uno de sus hijos como sucesor. A esta debacle de 8 años, se sumó la inexperiencia e irresponsabilidad de Cuitláhuac García quien, en su gestión fallida, no ha conseguido ningún avance en los indicadores socioeconómicos, como tampoco reducir la deuda con los bancos, y tampoco construir obra pública que se note en el territorio.
Siguiendo el ejemplo de AMLO, su guía político y protector, la máxima cuitlahuista ha sido que no se avanza porque “todo es culpa de los que estuvieron antes”. Ha llenado las oficinas públicas de numerosos familiares y amigos sin trayectoria ni experiencia, y a veces sin acreditaciones académicas suficientes para los cargos que ostentan, permitiéndoles abusos y corrupción.
El gobernador actual ha utilizado un exceso de distractores como eventos de tequio y de cortar la hierba de los camellones y vialidades, ferias y festejos populares por cualquier motivo, eventos deportivos con trabajadores de la burocracia, así como marchas multitudinarias en la capital del país para defender iniciativas obradoristas, todas ellas con cargo a los recursos públicos.
El desastre en la cúpula de gobierno le provoca a Veracruz otra década perdida y un mayor deterioro de sus recursos.
