El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) advirtió inconsistencias en el plan del gobierno federal para acelerar la inversión productiva en México, particularmente en el sector energético, debido a los plazos planteados y los recursos necesarios para concretar los proyectos.
En un análisis, el organismo reconoció que la estrategia representa el intento más estructurado de la administración federal para generar condiciones favorables a la inversión, aunque señaló que persisten tensiones y obstáculos que el propio plan no resuelve.
El IMCO indicó que el anuncio ocurre después de una caída en la inversión durante 2025 y responde a la necesidad de impulsar proyectos estratégicos frente al escenario de incertidumbre comercial.
Entre las metas planteadas destaca la incorporación de 32 gigawatts (GW) de nueva capacidad eléctrica en menos de cinco años, objetivo que calificó como inédito por su magnitud y limitado por el tiempo de ejecución.
Esa meta supera incluso los 28 GW contemplados en la planeación oficial del sector eléctrico nacional y equivale a más de una tercera parte de la capacidad total instalada del sistema eléctrico mexicano, estimada en 91 GW en 2024.
Del total proyectado, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) aportaría 9.8 GW de energía firme y 11.3 GW de fuentes renovables, mientras que el sector privado sumaría otros 10.9 GW renovables.
Sin embargo, el instituto advirtió que el presupuesto de inversión de la CFE registró una reducción real de 16.7 por ciento para 2026 y mantiene antecedentes de subejercicio, lo que complica el cumplimiento de las metas planteadas.
Añadió que, dadas las condiciones actuales del sistema eléctrico nacional, resulta poco probable que la nueva capacidad entre en operación antes de 2030.
El análisis también cuestionó la viabilidad de la simplificación administrativa anunciada por el gobierno, al depender de la coordinación entre distintos niveles de gobierno, considerada históricamente como uno de los puntos más débiles de la administración pública.
El plan contempla la creación de un comité integrado por seis secretarías federales encargado de autorizar proyectos prioritarios y resolver trámites en tiempos definidos.
Los proyectos considerados estratégicos —ubicados en Polos de Bienestar, con inversiones superiores a 2 mil millones de pesos o ligados a sectores prioritarios— tendrían un procedimiento acelerado de 30 días.
Para el resto de las inversiones, si no existe respuesta oficial en un plazo máximo de 90 días, la autorización se considerará aprobada automáticamente.
No obstante, el IMCO observó que las decisiones quedan centralizadas en el Poder Ejecutivo, sin contrapesos institucionales claros sobre la definición de proyectos prioritarios.
En materia fiscal, el organismo señaló que el acuerdo busca responder a reclamos de la iniciativa privada relacionados con auditorías repetidas y criterios fiscales distintos entre regiones.
Aun así, alertó que el Plan Maestro SAT 2026 endurecerá simultáneamente las medidas de fiscalización contra evasión y facturación falsa mediante auditorías inteligentes, visitas domiciliarias y posibles denuncias penales.
El instituto sostuvo que las empresas deberán reforzar sus mecanismos internos de cumplimiento fiscal ante una supervisión más estricta.
Respecto a infraestructura carretera, el gobierno prevé inversiones por 523 mil millones de pesos mediante 31 proyectos públicos y 34 esquemas de participación privada.
Sin embargo, el IMCO subrayó que apenas 5.3 por ciento de esos recursos está contemplado en el presupuesto actual, por lo que gran parte de las obras dependerá de capital privado y esquemas financieros aún sin definir.
El organismo concluyó que la credibilidad del plan dependerá de la ejecución efectiva de los proyectos y no únicamente de los anuncios oficiales.
“Es importante que los plazos se cumplan, que la coordinación entre órdenes de gobierno funcione en la práctica y que las metas se traduzcan en proyectos operando y no solo en convocatorias publicadas”, señaló.
