La Auditoría Superior de la Federación (ASF) encendió las alarmas en el sistema electoral mexicano al confirmar el inicio de una investigación de oficio, un estudio sobre contrataciones históricas y una auditoría integral al Instituto Nacional Electoral (INE) y a los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs) de todo el país.
El órgano fiscalizador federal determinó abrir un expediente exhaustivo para examinar las contrataciones públicas ejecutadas entre los años 2000 y 2025. La decisión surge tras detectar mediante inteligencia financiera y análisis sistemático de datos múltiples anomalías recurrentes en la administración del presupuesto electoral.
Ante este panorama, la institución fiscalizadora rastreará posibles conductas ilegales, simulación de competencia y esquemas de concentración de proveedores que hayan acaparado contratos millonarios a lo largo del último cuarto de siglo.
El capítulo Veracruz: en la mira por contratos de más de 300 MDP
En el plano local, la réplica del expediente federal pega de lleno en la entidad veracruzana. El OPLE Veracruz fue formalmente requerido por el organismo fiscalizador nacional para transparentar sus expedientes de contratación y verificar la existencia de probables “proveedores favoritos” compartidos con el organismo electoral central.
La revisión en la entidad apunta principalmente a contratos que superan los 303 millones de pesos,vinculados con la adquisición de documentación, material electoral y servicios clave como el monitoreo.
Ante el requerimiento, la consejera presidenta del OPLE Veracruz, Marisol Delgadillo Morales, confirmó haber recibido la notificación de la ASF. El organismo electoral local se apresuró a deslindarse de las posibles irregularidades, sosteniendo que en los ejercicios más recientes —correspondientes a la gestión actual— no se ha contratado a las empresas señaladas en el listado de la auditoría federal y que las contrataciones de años previos corresponden a administraciones anteriores.
Sin embargo, las pesquisas de la ASF contemplan un barrido retroactivo que abarcará gestiones pasadas dentro del órgano electoral estatal para deslindar responsabilidades penales y administrativas por el posible monopolio de proveedores en la entidad.
