La Comisión Anticorrupción del Congreso de Nuevo León aprobó iniciar un juicio político contra el gobernador Samuel García por presuntas irregularidades relacionadas con el manejo de recursos públicos.
La solicitud fue presentada por diputados de Morena el pasado 8 de junio y recibió trámite legislativo dos días después. Durante la sesión de la comisión no estuvieron presentes todos los legisladores morenistas, aunque la ausencia no impidió la discusión ni la votación del expediente.
Con la aprobación del procedimiento, el mandatario estatal deberá ser notificado formalmente y contará con un plazo para presentar su defensa ante el Congreso local, ya sea por escrito o mediante comparecencia presencial. De acuerdo con el proceso establecido, dispondrá de 15 días hábiles para rendir su declaración.
El caso está relacionado con una investigación que señala un presunto esquema de triangulación de recursos públicos hacia despachos y empresas vinculadas con familiares del gobernador.
En abril, una investigación periodística dio a conocer que la Fiscalía General de la República mantiene indagatorias sobre operaciones financieras que habrían permitido desviar más de mil millones de pesos mediante contratos, organismos públicos y proyectos de infraestructura.
Las pesquisas apuntan a que recursos del gobierno estatal habrían sido canalizados hacia el despacho Firma Jurídica y Fiscal Abogados, cuyos accionistas son Samuel Orlando García Mascorro y Samuel Orlando García Villarreal, padre y medio hermano del gobernador, respectivamente.
Según los señalamientos, una vez transferidos al despacho, los recursos fueron distribuidos a diversas empresas. Entre ellas figura Saga Tierras y Bienes Inmuebles, que presuntamente recibió transferencias superiores a mil millones de pesos.
La investigación también refiere que parte de los fondos habría sido enviada a cuentas y jurisdicciones fuera de México, incluidas operaciones en Estados Unidos.
Tras la difusión de los señalamientos, Samuel García rechazó las acusaciones y afirmó que los hechos ya fueron investigados por la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León.
El gobernador sostuvo que la autoridad estatal determinó el no ejercicio de la acción penal al concluir que no existían elementos para acreditar irregularidades en el manejo de recursos públicos.
