El Hospital Central Militar ha sido utilizado por legisladores, diplomáticos, funcionarios públicos, familiares y personas cercanas al presidente Andrés Manuel López Obrador, quienes no son derechohabientes del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM).
Así lo detallan reportes dirigidos al secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, revisados por Latinus y que son parte de las decenas de miles de correos extraídos por los hackers “Guacamaya” de los servidores de cómputo del Ejército.
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Varios de los funcionarios, legisladores y familiares recibieron esta atención en plena pandemia de Covid-19, cuando decenas de mexicanos hacían fila en hospitales públicos en espera de una cama. Los reportes no establecen si los servicios médicos prestados por los militares fueron pagados por los funcionarios o la Sedena los ofreció de forma gratuita.
Un ejemplo es el senador de Morena y líder sindical minero, Napoleón Gómez Urrutia, quien en noviembre de 2020 estuvo internado en la sala de ortopedia mujeres de dicho nosocomio, ubicado en la Ciudad de México, con prueba positiva a Covid-19.
En diciembre de 2020, según la tarjeta No. 060, Nohemí Leticia Ánimas Vargas, entonces Coordinadora Nacional de Becas para el Bienestar y Monseñor Francisco Daniel Rivera, Obispo Auxiliar de la Arquidiócesis de México, fueron atendidos en hospital de alta especialidad. Ambos fallecieron por Covid-19 en enero de 2021.
En octubre de 2020, los suegros y un cuñado de Jorge Nuño Lara, entonces titular de la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda, fueron internados en cuartos de ortopedia mujeres, cirugía de hombres y la unidad de terapia intensiva, de acuerdo con la tarjeta informativa No. 945.
En ese mismo reporte, el titular de la Sedena fue informado del alta médica de la tía de Rosa Icela Rodríguez Velázquez, entonces Coordinadora General en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, hoy Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, quien estuvo internada dos semanas por Covid-19.
En la tarjeta No. 1070 del 13 de noviembre de 2020, se detalla el estado y manejo médico en la unidad de terapia intensiva de Salvador Martínez García, Coordinador de Comunicación Social del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.
En febrero de 2021, se atendió a la esposa del embajador de Rusia en México, Víctor Koronelli, por sospecha de contagio y se dio de alta a Reginaldo Sandoval Flores, Senador plurinominal del Partido el Trabajo (PT) quien estuvo internado por varias semanas y tuvo seguimiento especializado en neumología.
La atención médica en el Hospital Central Militar incluye a funcionarios de la Presidencia como Daniel Asaf Manjarrez, jefe de la ayudantía, en septiembre de 2021 por contagio de Covid-19. Días después, Asaf pidió atención médica para su novia y una integrante de su oficina. En la tarjeta SIIO/5397 se detalla que, además, se les proporcionaría chofer y un vehículo oficial con características civiles.
Una acción similar fue para Alejandro Esquer Verdugo, secretario particular del presidente López Obrador, quien después de estar internado por un padecimiento cardiaco fue traslado a su casa acompañado de un médico y tres elementos de tropa en dos vehículos oficiales. Según la tarjeta No. SIIO/7210 del 30 de noviembre de 2021.
En febrero de 2021, Alejandro Castaños Romero, identificado en la tarjeta No.425 como “perteneciente a la Presidencia de la República, Primer Subinspector”, fue internado tras dar positivo a coronavirus.
Cuatro meses después, Laura González Nieto, asistente particular del presidente López Obrador, solicitó atención médica para una consulta en otorrinolaringología. En las consideraciones de la tarjeta SIIO/2666 se señala que no es derechohabiente pero “labora directamente con el presidente”.
Por su parte, Lázaro Cárdenas Batel, coordinador de asesores de la Presidencia, pidió apoyo a los militares para su mamá en septiembre del año pasado. Su petición fue atendida por un médico, una enfermera y dos elementos de tropa en una ambulancia de la Sedena.
Si bien el Hospital Central Militar se abrió a civiles durante el peor momento de la emergencia sanitaria por Covid-19 y a servidores públicos se les ha recortado el seguro de gastos médicos contratados con compañías privadas, los servidores públicos sólo son derechohabientes y deben recibir atención en las clínicas y hospitales de primer nivel del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).
