La diputada María Eugenia Ocampo Bedolla impulsa reformas al Código Penal Federal, a fin de imponer de 200 a 400 días multa, y prisión de uno a nueve años al servidor público que ordene o instruya la identificación de espacios y edificios públicos bajo su administración, con colores o variaciones de lemas, imágenes o logotipos que se asocien con partidos políticos.

Sostuvo que esa práctica “conlleva un mensaje no explícito hacia una orientación o corriente política que puede ser considerada, antes y durante los procesos electorales, como una inclinación a favor de algún personaje o partido político, lo que constituye una forma de coacción contra la sociedad”, explicó.

En su propuesta para adicionar la fracción n al Artículo 407 del Código Penal Federal, enfatizó que las escuelas son usadas como casillas de votación en cada proceso electoral, lo que agrava esa práctica.

Además, se atenta contra la libertad y la pluralidad política e ideológica que debe prevalecer en la labor educativa y en la comunidad donde se encuentre asentado el espacio escolar.

De ahí la preocupación de la legisladora de Nueva Alianza por el “vacío jurídico que no permite su regulación y castigo”.

En su opinión, a pesar de los avances legales en materia electoral, han surgido prácticas de propaganda política “muy sutiles” como resultado de la laxitud de las leyes, por lo que es necesario “subsanar la vaguedad existente”.

Ocampo Bedolla opinó que esa costumbre se agudiza por las elecciones federales de este año. Es necesario prevenirla por el sano desarrollo plural y democrático del país, pero “al no estar expresamente sancionada, abre un margen de discrecionalidad para incurrir en ello, con total impunidad”.

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